La parlamentaria Javiera Morales junto a la bancada del Frente Amplio informaron que impulsarán una Acusación Constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, ante los últimos antecedentes dados a conocer. Además, propusieron al ministro de Justicia, Luis Cordero, un proyecto de Reforma Constitucional para fortalecer la independencia judicial mediante un órgano autónomo encargado de los nombramientos de jueces y ministros de las Cortes.
Las y los parlamentarios del Frente Amplio afirmó que impulsarán la presentación de una Acusación Constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien este lunes fue suspendida de sus labores por el pleno del máximo Tribunal. Sobre el tema, la diputada Javiera Morales indicó que “como bancada del Frente Amplio vamos a ejercer todas nuestras atribuciones. Es nuestro deber parlamentario acusar constitucionalmente a la Ministra Vivanco. También vamos a poner sobre la mesa todas propuestas que sea necesaria nuestra voluntad política para que estas reformas salgan a la luz prontamente”.
En el marco de la investigación en contra de Luis Hermosilla y de los últimos chats revelados entre el abogado y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la parlamentaria Javiera Morales junto al Frente Amplio acudieron hasta el Ministerio de Justicia para presentar una serie de propuestas de cambio institucional enfocadas en mejorar los estándares de probidad, transparencia y buena prácticas en la gestión pública, especialmente respecto al nombramiento de jueces en el Poder Judicial.
El objetivo es establecer un nuevo modelo de nombramiento de magistrados que estén a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia a través de la creación de la Comisión de Nombramiento Judicial compuesto por once miembros, donde seis de sus integrantes serán juezas o jueces, dos integrantes son designados por decanos de facultades de Derecho, uno elegido por la Cámara de Diputados y Diputadas, otro por el Senado y el último por el Presidente de la República.
Cada integrante estará en el cargo cuatro años, sin posibilidad de extenderse y el organismo se renovará la mitad cada dos años. Quedarán inhabilitados para ejercer este cargo a los parientes de altas autoridades y están prohibidos de ejercer cualquier otra función remunerada o no, excepto actividades académicas.
Al respecto, la diputada Javiera Morales destacó que “necesitamos una institucionalidad imparcial, autónoma, que esté más blindada del tráfico de influencias y para eso tenemos una propuesta en que se crea un consejo autónomo que elabore términos eternos para que el Presidente o Presidenta de la República designen a estos ministros y ministras. Sabemos que en esto no hay recetas que nos den la seguridad de que esto no vuelva a ocurrir, pero sabemos también que la ciudadanía hoy día desconfía del poder judicial y ante eso necesitamos reformar, hacer cambios que den tranquilidad”.
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