La parlamentaria Javiera Morales expresó su profunda preocupación y rechazo tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó que varias municipalidades del país, incluidas comunas de la región de Magallanes, gastaron cifras elevadas en celebraciones y festividades en el período 2024–2025, superando incluso el monto destinado a ayuda social directa a personas vulnerables.
El documento del organismo fiscalizador reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones superó los $31 mil millones, y que algunas comunas presentan niveles de desembolso por habitante muy por encima del promedio nacional. En casos extremos, lugares como Río Verde han registrado gastos en festejos que superan ampliamente los $900 mil por residente.
“Esto es impresentable”, afirmó la diputada Morales, señalando que “resulta inexplicable que municipios prioricen actividades festivas con recursos públicos cuando muchas familias en sus comunas requieren apoyos sociales urgentes”. Para la parlamentaria, no basta con atribuir estos gastos a la lejanía geográfica de algunas ciudades o a un supuesto “conteo erróneo de habitantes”, ya que esas explicaciones no justifican, a su juicio, las desproporcionadas cifras y deben dar explicaciones al respecto.
Además, enfatizó en que “los municipios tienen un rol fundamental de cercanía con la gente y deben asegurar que los recursos públicos se orienten prioritariamente al bienestar social, especialmente en zonas donde las brechas de desigualdad y acceso a servicios son evidentes”.
Por otra parte, la diputada indicó que “de manera coincidente, muchos de estos gastos estratosféricos ocurrieron en años electorales para la reelección de algunos alcaldes, lo que, por lo bajo, levanta dudas y merece mayor atención”.
La Contraloría ha anunciado la realización de fiscalizaciones y exámenes de cuentas en aquellos municipios que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional, recordando que el uso de recursos municipales debe estar siempre orientado al cumplimiento de sus funciones y al beneficio directo de la comunidad.