La tarde de este sábado, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Punta Arenas detuvieron a un hombre chileno, de 26 años, por los delitos de homicidio frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego, tras una serie de diligencias desarrolladas en Punta Arenas.
El procedimiento se originó a partir de dos denuncias recibidas en el cuartel policial, en las cuales las víctimas aseguraron haber sido amenazadas por un sujeto armado.
En uno de los casos, una persona relató que mientras se desplazaba en su vehículo particular por la vía pública, se encontró con el imputado, quien habría efectuado varios disparos en su contra, impactando uno de los proyectiles en su automóvil, sin que se registraran personas lesionadas.
A raíz de estos hechos, detectives de la Bicrim Punta Arenas, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron diversas diligencias investigativas orientadas a establecer la identidad y ubicación del autor. Gracias al análisis de los antecedentes recopilados, se logró identificar al presunto responsable, quien mantenía antecedentes policiales por lesiones, violencia intrafamiliar y amenazas.
Posteriormente, los oficiales efectuaron la entrada y registro voluntario de un inmueble, donde el sujeto fue ubicado y detenido en flagrancia. En el lugar, además, se incautaron las vestimentas asociadas al ilícito y el arma utilizada, la cual fue fijada y sometida a peritajes por parte de peritos del Laboratorio de Criminalística.
De acuerdo con los primeros análisis, el arma corresponde a un revólver de fabricación argentina que no mantiene registro en Chile. Por ello, las diligencias continuarán para determinar científicamente si se encuentra apta para el disparo, establecer su origen y procedencia, y verificar su eventual vinculación con otros delitos.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto, en esta jornada el imputado fue formalizado por los delitos de Homicidio Frustrado, disparos injustificados y porte ilegal de armas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por 90 días.