Ángel Roa valoró la promulgación de la Ley de Flagrancia y el avance legislativo de las Reglas de Uso de la Fuerza, destacando la ampliación de los plazos de detención y las particularidades territoriales de Magallanes, especialmente en materia de seguridad marítima.
Fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia, mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar en mayor seguridad para las familias son parte de las prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En este contexto, el seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó dos avances legislativos recientes: la promulgación de la Ley de Flagrancia y la aprobación en el Congreso del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
La autoridad señaló que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública, tanto mediante nuevas herramientas para las primeras diligencias investigativas como a través de criterios que regulen el uso de la fuerza. En Magallanes, estas materias adquieren especial relevancia debido a la extensión del territorio, las distancias entre localidades y las condiciones particulares de las operaciones marítimas.
“Como Gobierno estamos avanzando en medidas que buscan fortalecer la seguridad y entregar herramientas concretas a las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia. En una región como Magallanes, donde tenemos localidades alejadas y un territorio marítimo de gran extensión, es importante que la legislación considere las particularidades de nuestro territorio y permita desarrollar las investigaciones dentro de un marco legal claro”, señaló el seremi Ángel Roa.
Ley de Flagrancia: hasta 48 horas para la Autoridad Marítima
El 6 de octubre fue promulgada la Ley N.º 21.845, que modifica el Código Procesal Penal y amplía el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia. La normativa fue publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre.
La ley amplía de 12 a 24 horas el plazo considerado para las detenciones practicadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de la Autoridad Marítima, cuando actúa en el ejercicio de funciones de Policía Marítima, el plazo se amplía de 12 a un máximo de 48 horas, conforme a las condiciones que establece la normativa.
La modificación busca facilitar las primeras diligencias investigativas y la detención de presuntos responsables cuando existen antecedentes que permiten vincularlos con un delito. Entre las herramientas contempladas se encuentra la posibilidad de solicitar directamente la entrega voluntaria de registros audiovisuales a propietarios o encargados de sistemas de televigilancia, así como obtener determinados antecedentes de georreferenciación, bajo las condiciones previstas en la ley.
En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este cambio resulta particularmente relevante por las características geográficas del territorio, la presencia de canales y fiordos, las extensas zonas marítimas y las distancias entre localidades. Estas condiciones plantean desafíos específicos para las diligencias y operaciones que desarrolla la Autoridad Marítima.
“En Magallanes, el mar es parte fundamental de nuestro territorio y de la conectividad entre distintas localidades. Por eso, la ampliación del plazo de flagrancia para la Autoridad Marítima es un aspecto relevante: reconoce las particularidades de las operaciones marítimas y entrega un marco legal que considera los tiempos que pueden requerir las diligencias en estos sectores”, sostuvo Roa.
La autoridad precisó que la ampliación del plazo no constituye una autorización general para detener personas durante ese período, sino que se aplica a las hipótesis de flagrancia y bajo las condiciones establecidas en la legislación vigente.
Reglas de Uso de la Fuerza: criterios para la actuación de policías y Fuerzas Armadas
Otro de los avances corresponde al proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza. El 7 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaron el informe de la Comisión Mixta, con lo que concluyó su tramitación en el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgado.
La iniciativa establece normas generales sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias previstas en la normativa, como el resguardo del orden público, la protección de recintos militares y las situaciones de seguridad pública interior que correspondan. El proyecto contempla principios y criterios para orientar la actuación de los funcionarios, entre ellos la necesidad, proporcionalidad y diferenciación, además de establecer parámetros para el escalamiento del uso de la fuerza y los deberes asociados a su aplicación.
El objetivo es contar con reglas que entreguen claridad a quienes deben cumplir funciones de seguridad y permitan conocer el marco que rige sus actuaciones, resguardando el cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales.
Al respecto, el seremi de Gobierno indicó que “contar con reglas claras para el uso de la fuerza es importante tanto para los funcionarios que cumplen labores de seguridad como para la ciudadanía. La actuación de las instituciones debe desarrollarse conforme a la ley, con criterios definidos y responsabilidades claras”.
Finalmente, Roa señaló que estos avances forman parte del trabajo del Gobierno para fortalecer la seguridad pública y responder a las necesidades de las familias, considerando las particularidades de cada territorio.
“Las necesidades de Magallanes requieren respuestas que consideren nuestra realidad regional. Fortalecer las herramientas para investigar los delitos y establecer reglas claras para la actuación de las instituciones son parte de los desafíos para avanzar en seguridad y contribuir a que las familias puedan desarrollar su vida cotidiana con mayor tranquilidad”, concluyó.